SANTO DOMINGO.– El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, exhortó a los médicos a no prestar sus códigos profesionales para la facturación o gestión de servicios de salud, al advertir que esta práctica puede comprometerlos en un proceso penal.
El llamado fue realizado luego de que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, conociera las medidas de coerción contra los imputados en el caso Sensas 2.0, una investigación relacionada con presuntas irregularidades y fraude en perjuicio de los afiliados del seguro estatal
“Este es un proceso del que debemos aprender y quiero aprovechar para exhortar a los médicos a que no presten sus códigos. Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, advirtió Camacho.
El funcionario sostuvo que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, 22 médicos fueron procesados en este caso y afirmó que, de no haberse prestado los códigos profesionales, el caso no se habría producido en la forma investigada por el órgano acusador.
“Debemos tomar esta experiencia como base para que se realice una campaña que le diga a los médicos que no deben prestar sus códigos”, agregó.
Camacho: “La investigación no se cierra”
Camacho también se refirió a la decisión adoptada por el tribunal y la calificó como razonable.
“Todos los imputados, excepto dos, quedaron privados de libertad por la decisión que ha rendido el tribunal en el día de hoy”, afirmó.
A juicio del director de Persecución, la resolución constituye un reconocimiento a la investigación presentada por el Ministerio Público.
“Este es un reconocimiento ahora del juez, de la fortaleza de la investigación del Ministerio Público, y a nosotros esa decisión nos parece una decisión razonable”, sostuvo.
Sin embargo, dejó claro que la decisión judicial sobre las medidas de coerción no supone el cierre de las investigaciones sobre SeNaSa.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, advirtió.
Ocho imputados a prisión preventiva
El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los imputados, quienes deberán cumplir la medida en centros penitenciarios.
En el caso de los hombres, la medida fue dictada contra Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación, quienes fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras que las imputadas Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Otros imputados cumplirán arresto domiciliario
El tribunal también dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
A otro grupo de médicos, además del arresto domiciliario, se les impuso impedimento de salida del país y garantías económicas.
Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, mediante una compañía aseguradora.
En tanto, a la médica Martha María Saldaña se le impuso una garantía económica de RD$3 millones, también mediante una compañía aseguradora, además del arresto domiciliario y el impedimento de salida.
Garantía económica para otros tres imputados
El tribunal estableció además una garantía económica de RD$1 millón, mediante una compañía aseguradora, para los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.
Para estos imputados también fueron dispuestas las medidas de presentación periódica e impedimento de salida del país.
El juez otorgó un plazo de siete días para que quienes recibieron garantías económicas hagan efectivo el pago. De no cumplir con esa disposición, serían trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, según lo establecido en la decisión.
¿De qué acusa el Ministerio Público a los imputados?
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los procesados en el caso Cobra 2.0-A están vinculados, según la acusación, a delitos como asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, incluido el acceso ilícito y uso indebido de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
La investigación está relacionada con presuntas maniobras fraudulentas contra SeNaSa y sus afiliados.
El Ministerio Público había solicitado inicialmente 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados, además de que el proceso fuera declarado de tramitación compleja. Durante la audiencia, el órgano acusador presentó cientos de elementos de prueba para sustentar sus planteamientos.
Los arrestos fueron ejecutados durante allanamientos realizados por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La Fiscalía sostiene que la investigación forma parte de una segunda etapa de las pesquisas relacionadas con el Seguro Nacional de Salud.
Un proceso declarado de tramitación compleja
Además de las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, una decisión que permitirá que el caso sea sometido al régimen procesal correspondiente a este tipo de investigaciones.
El Ministerio Público ha sostenido que la investigación involucra una pluralidad de hechos, personas y elementos probatorios, argumentos que fueron utilizados para sustentar la solicitud de complejidad.
