Santo Domingo. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso la madrugada de este martes una contundente condena de 20 años de prisión contra el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre, tras hallarlo culpable de lavado de activos, desfalco, estafa, asociación de malhechores y enriquecimiento ilícito en el entramado de corrupción administrativa conocido como caso Coral.
Junto a Cáceres, también fueron sentenciados a 20 años de cárcel el exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, y el coronel Rafael Núñez de Aza, tras comprobarse su participación en la red que desvió millonarios recursos del Estado.
El tribunal, además de las penas privativas de libertad, ordenó el pago de 400 salarios mínimos como multa y una indemnización conjunta de 5,000 millones de pesos a favor del Estado dominicano.
En la misma sentencia, las juezas condenaron a 15 años de prisión al general Julio Camilo de los Santos Viola y a la pastora Rossy Guzmán, mientras que otras figuras vinculadas al caso recibieron penas de 10 años de cárcel, entre ellos Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores.
Entre los absueltos figura Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora Rossy Guzmán.
En tanto, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado pieza clave en el proceso por su rol como testigo del Ministerio Público, fue condenado a cinco años de prisión, pena que ya cumplió.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la decisión como “histórica”, destacando que marca un precedente en la lucha contra la corrupción administrativa en la República Dominicana.
La audiencia inició a las 3:00 de la tarde y se extendió hasta pasadas las 2:00 de la madrugada, momento en que el tribunal dio lectura íntegra al fallo.
Este caso, uno de los más emblemáticos en materia de corrupción en los últimos años, representa un punto de inflexión en la judicialización de altos mandos militares y funcionarios públicos vinculados al manejo irregular de fondos del Estado.
