SANTO DOMINGO. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto continuar este jueves el proceso de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y a los demás imputados, acusados de estafa contra el Estado dominicano por más de RD$15,000 millones.
En el marco del proceso, el juez Deiby Timoteo Peguero concedió al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para concluir las investigaciones pendientes de instituciones auxiliares, como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y presentar una acusación formal contra los señalados.
El caso salió a la luz pública a través de denuncias difundidas por el programa N Investiga en noviembre de 2025, que revelaron presuntas irregularidades administrativas, anomalías en las nóminas y cuestionamientos sobre el manejo de los recursos de la ARS.
Como parte de las investigaciones sobre el desfalco al SeNaSa, las autoridades han realizado tres operativos que suman 39 arrestos y más de 40 allanamientos en todo el país.
La solicitud de prórroga del Ministerio Público
A mediados de agosto, el Ministerio Público solicitó una prórroga de cuatro meses para presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados, investigados por una presunta estafa contra el Estado dominicano superior a los RD$15,000 millones.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, depositaron la solicitud ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero.
El trámite establece la remisión del expediente al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para notificar a las partes y fijar una audiencia en la que se conozca la solicitud de extensión del plazo.
Imputados y cargos atribuidos
Además de Hazim, figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Hazim y los primeros cuatro de esta lista cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma permanece bajo arresto domiciliario.
También están imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario. Según el Ministerio Público, estos admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de SeNaSa.
A los señalados se les atribuyen cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos y falsificación y uso de documentos falsos.
Antecedentes del caso
El Ministerio Público investiga una presunta estructura que habría defraudado al Estado mediante operaciones realizadas en SeNaSa entre 2020 y 2025. El perjuicio, inicialmente estimado en casi RD$16,000 millones, habría superado los RD$19,000 millones, según investigaciones posteriores.
Las pesquisas tienen entre sus antecedentes una denuncia presentada por SeNaSa el 28 de noviembre de 2024, tras detectar autorizaciones de servicios médicos desconocidos por los afiliados. La investigación se extendió a facturaciones, contratos, proveedores y manejo de recursos.
Hazim dejó la dirección de SeNaSa el 13 de agosto de 2025 y, dos días después, el Gobierno anunció a Edward Guzmán Padilla como su sucesor.
En diciembre de ese año, el Ministerio Público ejecutó la Operación Cobra, que incluyó allanamientos y arrestos de Hazim, exfuncionarios, empresarios y proveedores. El día 11 depositó una solicitud de medidas de coerción de más de 500 páginas y pidió declarar complejo el caso.
