Por: Javis Félix
SANTO DOMINGO. – La política dominicana no puede seguir siendo refugio de figuras marcadas por la corrupción, el tráfico de influencias y el uso clientelar del poder. La posibilidad de que Lucía (Yomaira) Medina Sánchez, ex presidenta de la Cámara de Diputados, aspire nuevamente a una curul en el Congreso Nacional no solo representa un retroceso institucional, sino una ofensa directa a la ciudadanía que exige transparencia, ética y rendición de cuentas.
Los escándalos que rodean a Medina son demasiados y demasiado graves como para pasarlos por alto. Su nombre figura en el expediente del Caso Antipulpo, una de las tramas de corrupción más escandalosas en la historia reciente del país. Según el Ministerio Público, la fundación que ella preside habría recibido 78 millones de pesos de forma irregular, fondos presuntamente utilizados con fines personales y políticos. Aunque aún no ha sido condenada, su vinculación directa con este caso —donde su hermano Alexis Medina Sánchez fue sentenciado a siete años de prisión— deja claro que hay mucho más que una simple coincidencia familiar.
No olvidemos que Lucía Medina también fue protagonista del bochornoso caso de las mochilas en 2018, cuando distribuyó útiles escolares del Ministerio de Educación bajo el nombre de su fundación, tapando los logos oficiales del Estado. Este acto de apropiación indebida de recursos públicos con fines políticos fue una muestra más del uso desmedido del poder para beneficios personales.
A esto se suman interrogatorios por su declaración jurada de bienes y rumores de relaciones inapropiadas con figuras del poder militar, situaciones que, aunque más personales, revelan un patrón de manejo turbio de su vida pública y privada.
Pero hay otro aspecto igualmente preocupante que no se puede ignorar: su actitud autoritaria hacia la prensa libre. Medina ha sido señalada por su constante hostilidad hacia periodistas y comunicadores que se atreven a cuestionarla. Uno de los casos más emblemáticos fue el del comunicador Salvador Holguín, un humilde joven de Dajabón, a quien Yomaira humilló y persiguió públicamente luego de que este revelara verdades incómodas sobre su gestión y entorno. En lugar de responder con argumentos o respeto institucional, optó por la represalia, atentando contra la libertad de expresión y el derecho del pueblo a estar informado.
Lucía Medina tuvo su oportunidad. Ocupó cargos de alto nivel, acumuló poder y recursos, pero sus acciones no estuvieron a la altura de la responsabilidad que exige servir al pueblo dominicano. El Congreso no puede seguir siendo un santuario de impunidad ni un espacio para reciclar políticos cuestionados.
La República Dominicana está llamada a renovarse políticamente, a levantar una nueva generación de líderes comprometidos con el bien común, no con el beneficio propio. Permitir el regreso de Medina al Congreso sería validar un modelo político nocivo que ya ha demostrado ser perjudicial para nuestra democracia.
En tiempos en los que la corrupción ha dejado cicatrices profundas en nuestra institucionalidad, el mensaje debe ser claro y firme: quien traiciona la confianza pública y reprime a la prensa no merece una segunda oportunidad en la vida política.
