Santo Domingo.- Un total de 54,378 celulares fueron reportados como robados o extraviados en los últimos 18 meses ante las compañías telefónicas del país, lo que equivale a un promedio de 3,021 casos mensuales, o más de 100 por día.
Así lo informó el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, quien además, anunció una serie de medidas orientadas a frenar el uso irregular de líneas móviles y fortalecer la trazabilidad en investigaciones criminales.
Como parte de estas acciones, la entidad emitió la Resolución número 064-2025, mediante la cual otorga a las prestadoras de servicios móviles un plazo de 30 días para depurar y validar la identidad de los usuarios de líneas prepago activas.
Gómez Mazara, explicó que esta medida busca garantizar que toda línea móvil esté asociada a una identidad verificable y proteger tanto a los ciudadanos como a los organismos de seguridad del Estado.
“No podemos permitir que en el país se sigan activando líneas sin control. Esta práctica favorece delitos graves y suprime la posibilidad de rastrear responsabilidades”, advirtió, quien al mismo tiempo, recordó que solo la mitad de los robos de celulares llegan a ser reportados, por lo que la magnitud real del problema podría duplicar las cifras oficiales.
Los celulares robados en el país suelen ser utilizados para cometer una amplia gama de delitos, como extorsión, estafas, suplantación de identidad, narcotráfico, sicariato y coordinación de acciones delictivas, aprovechando el anonimato que permite el uso de líneas móviles no registradas.
De acuerdo con estimaciones de la Procuraduría General de la República, mensualmente se activan cerca de 400,000 líneas móviles prepago, de las cuales un 85% se comercializa informalmente en la calle, sin registro ni verificación de identidad.
A esta situación, se suma el ingreso mensual estimado de 4,000 celulares robados desde el extranjero, lo que alimenta un mercado informal de dispositivos y comunicaciones sin trazabilidad.
Dijo que la medida se implementa en coordinación con el Ministerio Público, a raíz de una comunicación oficial enviada por la procuradora general, Yeni Berenice, expresando preocupación por el uso de líneas móviles en actividades como narcotráfico, extorsión y sicariato.
“Esta es una industria ilegal que por años ha operado sin consecuencias. Vamos a actuar con responsabilidad, sin violentar los derechos, pero con toda la firmeza que el momento requiere”, aseguró Gómez Mazara en una actividad con la prensa.
Detalló que la nueva resolución establece que toda línea prepago deberá estar vinculada a un documento oficial, como cédula, pasaporte o carnet de residencia.
Además, comunicó que quien adquiera una SIM card deberá tomarse una fotografía junto a su documento de identidad al momento de la compra.
La disposición se ampara en los artículos 11 y 31 del Reglamento General del Servicio Telefónico, así como en el artículo 10 de la Norma que Regula la Contratación de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que exigen a las prestadoras asegurar que cada línea esté asociada a una identidad válida.
Además de facilitar las investigaciones del Ministerio Público y las agencias de inteligencia, señaló que la medida fortalece el sistema de emergencias 911, que requiere información precisa y verificable para dar respuesta efectiva.
