SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader consideró este lunes que una persona que acumula diez antecedentes o “fichas” tiene pocas posibilidades de lograr una efectiva reinserción social, al defender el cúmulo de penas contemplado en el nuevo Código Penal dominicano.
“Una gente que tenga 10 fichas es muy difícil que se… Yo no le veo muchas posibilidades de poder reincorporarse a la sociedad, aunque nunca se renuncia”, expresó el mandatario.
Las declaraciones se produjeron durante las entrevistas realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde el alcance de las penas y su efectividad frente a la delincuencia formaron parte de las discusiones.
Abinader defendió la necesidad de que la legislación penal responda a las características actuales de la criminalidad y consideró que el país necesitaba herramientas para enfrentar esos nuevos desafíos.
“Nos estamos adaptando también al tipo de criminalidad del momento; se necesita ya una reacción con un código que pueda encarar esos retos que tenemos actualmente”, sostuvo.
El debate surgió durante la evaluación de Miguelina Beard Gómez, aspirante a la Suprema Corte de Justicia, quien defendió la aplicación del cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión establecido en la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal.
Juez cuestiona penas de hasta 60 años
El tema también generó un intercambio entre Abinader y el juez Rafael Armstrong Báez García, quien planteó que aumentar las penas no necesariamente resuelve las causas que originan la delincuencia.
El magistrado recordó que la privación de libertad también tiene como objetivo procurar la reinserción social de las personas condenadas.
“El tema del cúmulo de penas no va a resolver los problemas de la criminalidad, absolutamente. 60 años de prisión en un país donde el promedio de vida es 72, es algo que no necesita mucha explicación”, manifestó.
Báez García explicó que detrás del cúmulo de penas se encuentra la denominada teoría de la incapacitación, que busca mantener alejadas de la sociedad durante períodos prolongados a personas responsables de determinados delitos.
Sin embargo, sostuvo que ese objetivo puede entrar en contradicción con la finalidad de rehabilitación y reinserción que también tiene la pena.
El magistrado consideró que las políticas públicas deben dirigirse igualmente a enfrentar las condiciones que favorecen la delincuencia y no concentrarse exclusivamente en aumentar las sanciones.
Abinader: mayores penas también disuaden
Aunque coincidió en la necesidad de trabajar en la prevención y las causas que generan la criminalidad, Abinader defendió que el endurecimiento de las sanciones también puede tener un efecto sobre quienes contemplan cometer delitos.
“Mayores penas también está probado, que es una disuasión”, afirmó.
El mandatario reconoció que existen posiciones distintas dentro del debate criminológico sobre la efectividad de las penas prolongadas, pero mantuvo su posición favorable a sanciones más severas frente a determinadas conductas delictivas.
La discusión se produce además en momentos en que la Policía Nacional ha informado sobre la existencia de más de 53,000 personas con órdenes de arresto pendientes, mientras las autoridades buscan fortalecer las acciones contra la criminalidad en el país.
