Santo Domingo.- En una decisión que sacude el tablero nacional y responde a la creciente presión social, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, anunció la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan.
El mandatario fue enfático: esta iniciativa, que arrastra un historial de concesiones desde el año 2005, con reiteraciones en 2010 y posteriores renovaciones en 2015 y 2018, nunca ha contado con autorización para su explotación durante su gestión, limitándose únicamente a una fase de evaluación ambiental.
Con esta disposición, Abinader traza una línea firme en medio de un debate nacional cada vez más intenso sobre la explotación de los recursos naturales y sus consecuencias para el medio ambiente, las comunidades y el futuro del país.
“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, sentenció el jefe de Estado, en lo que muchos interpretan como una respuesta directa al clamor de sectores sociales, ambientales y comunitarios que han levantado su voz contra proyectos mineros considerados lesivos para las cuencas hidrográficas, los bosques y la vida.
Esta decisión no solo representa un alto temporal a las operaciones vinculadas al proyecto Romero, sino que también envía un mensaje contundente: la defensa del territorio, los recursos naturales y la soberanía ambiental no pueden seguir siendo negociables.
En un país donde históricamente la minería ha generado profundas controversias, este paso coloca al gobierno frente a una prueba de coherencia: sostener con hechos lo que hoy se proclama con palabras.
Porque detener no es suficiente… la nación exige garantías, transparencia y decisiones firmes que pongan la vida y el interés colectivo por encima de cualquier interés económico.
Que Dios bendiga a la República Dominicana.