SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fijó su posición frente al proyecto denominado “Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional”, sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el viernes pasado.
En ese sentido, dijo al examinar el contenido de la propuesta, observó una marcada contradicción entre los objetivos proclamados y las medidas efectivamente planteadas.
Una propuesta que puede afectar el crecimiento
«Mientras el proyecto afirma promover el crecimiento económico, propone simultáneamente elevar la tasa del Impuesto Sobre la Renta aplicable a los grandes contribuyentes del 27% al 30%», explicó el secretario general del partido morado Johnny Pujols.
Afirmó que es cierto que esta medida podría generar ingresos adicionales para el Estado en el corto plazo. Sin embargo, también reduce la capacidad de inversión de las empresas, precisamente en un momento en que la inversión privada ha sido el principal sostén del crecimiento económico, la generación de empleos y la expansión de la actividad productiva, compensando el bajo nivel de inversión pública registrado en los últimos años.
«Resulta también llamativo que el propio Gobierno reconoce implícitamente este riesgo al proponer un régimen de depreciación acelerada para estimular la inversión. No obstante, las autoridades no han presentado estimaciones transparentes que permitan conocer el efecto neto de ambas medidas sobre la recaudación, la inversión y el crecimiento económico», indicó Pujol.
La equidad proclamada se contradice con nuevas cargas para la clase media
Según el partido, la propuesta incluye disposiciones positivas, como la indexación del mínimo exento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el fortalecimiento de las deducciones por gastos educativos.
Sin embargo, esos beneficios pierden gran parte de su impacto cuando se observan otras medidas incluidas en el mismo proyecto.
Pujol señaló que la iniciativa aumenta los gravámenes sobre las operaciones realizadas a través del sistema financiero y eleva la contribución de salida del país de US$20 a US$30 por pasajero. Estas medidas recaerán principalmente sobre la clase media, los profesionales, los trabajadores formales y los pequeños empresarios.
Además, dijo que encarecer las operaciones financieras contradice los esfuerzos nacionales orientados a promover la bancarización, la formalización económica y la inclusión financiera. En una economía donde todavía existe una amplia proporción de ciudadanos fuera del sistema financiero formal, elevar los costos de utilización del sistema bancario constituye una señal equivocada.
«El Proyecto de Reforma propone elevar la contribución de salida del país de US$20 a US$30 por pasajero, lo que representa un incremento de 50%».
Expresó que esta medida contradice el objetivo declarado de proteger a la clase media, pues son precisamente los sectores medios los que realizan la mayor parte de los viajes internacionales por razones familiares, educativas, profesionales, comerciales o turísticas.
«En una sociedad cada vez más integrada al mundo, viajar al exterior ha dejado de ser un privilegio reservado a grupos de altos ingresos. Miles de profesionales, pequeños empresarios, estudiantes, trabajadores y familias dominicanas realizan viajes internacionales de manera regular, muchas veces para visitar familiares residentes en el extranjero o para atender compromisos laborales y académicos».
Aseguró que aumentar en un 50 % esta contribución significa imponer una carga adicional precisamente sobre un segmento de la población que ya enfrenta el aumento del costo de la vida, mayores gastos financieros y una creciente presión tributaria.
Agregó que resulta difícil sostener que una reforma fortalece la equidad cuando, simultáneamente, se incrementan gravámenes que recaen de manera significativa sobre la clase media formal del país.
«Más aún, si se suma este aumento a las nuevas cargas sobre las operaciones financieras, el resultado es una acumulación de impuestos que termina neutralizando buena parte de los beneficios que el propio proyecto dice otorgar a la clase media mediante la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta y el incremento de las deducciones por gastos educativos».
El PLD considera que una verdadera política de equidad debe evitar que los sectores medios carguen con una proporción creciente del ajuste fiscal mientras el Gobierno no presenta evidencias claras de reducción del gasto improductivo ni una estrategia integral para combatir la evasión tributaria.
Uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta para el partido es la ausencia de información clara sobre el destino de los nuevos recursos que pretende recaudar.
Las estimaciones oficiales indican que el costo de los subsidios a los combustibles durante 2026 podría ubicarse en un rango similar al monto que se pretende obtener mediante esta reforma. Ante esta realidad, el PLD considera legítimo preguntar.
«¿Cuánto de los nuevos ingresos será destinado a subsidiar combustibles? ¿Cuánto irá a inversión pública? ¿Cuánto se utilizará para reducir el déficit fiscal? ¿Cuánto se destinará a programas sociales o a otros compromisos presupuestarios?».
Afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión el destino de los sacrificios que se le están solicitando.
Antes de pedir más impuestos, el Gobierno debe mostrar austeridad
«El Gobierno sostiene que ha realizado esfuerzos importantes para racionalizar el gasto público. Sin embargo, hasta ahora solo se han presentado declaraciones generales sobre posibles reducciones en publicidad, viajes, viáticos, eventos y compras gubernamentales. El país necesita evidencias concretas».
Añadió que antes de solicitar nuevos sacrificios tributarios a familias y empresas, el Poder Ejecutivo debe presentar una relación verificable de las reducciones de gasto realizadas, las partidas afectadas y los montos efectivamente ahorrados.
La transparencia debe comenzar por el propio Gobierno
El PLD considera que la propuesta desaprovecha una oportunidad histórica para enfrentar de manera más decidida la evasión y la elusión tributarias. Debe tomarse en cuenta que solo en el ITBIS la evasión fue de 43.6% en 2025.
Las medidas planteadas en materia de control son limitadas y no constituyen una estrategia integral. El país necesita metas concretas de reducción de la evasión, fortalecimiento de la facturación electrónica, mayores cruces de información entre instituciones, mejoras en la fiscalización basada en riesgos y mecanismos efectivos para ampliar el cumplimiento tributario.
«Antes de aumentar tasas impositivas, debe agotarse plenamente el potencial recaudatorio existente en la reducción de la evasión. El espacio potencial de recaudación asociado a reducción de evasión podría ser comparable o incluso superior al rendimiento de varias de las medidas propuestas».
Preocupación por la nueva amnistía tributaria
Para el partido, la propuesta contempla nuevamente mecanismos de amnistía tributaria.
El PLD entiende que este tipo de instrumentos solo pueden justificarse de manera excepcional y bajo condiciones estrictas. La repetición frecuente de amnistías termina castigando a quienes cumplen con sus obligaciones y transmitiendo la percepción de que incumplir puede resultar más conveniente que actuar responsablemente.
La moral tributaria es un activo institucional que debe protegerse.
Riesgos para la seguridad jurídica
