Santo Domingo.– En la República Dominicana, arribar a los 60 años siendo mujer se ha convertido, para muchas, en una condena silenciosa de exclusión, rechazo y marginación. Lejos de ser reconocidas por su experiencia, capacidad y trayectoria, miles enfrentan el peso de una cultura que las empuja al abandono laboral, afectivo y hasta sanitario.
Diversos sectores sociales denuncian que, al cruzar la barrera de los 60, las mujeres son vistas como “quedadas”, descartadas para el mercado laboral y desplazadas incluso en espacios donde su conocimiento debería ser valorado. Se trata de una discriminación estructural por edad y género que vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en convenios internacionales suscritos por el país.
En el ámbito laboral, muchas son desahuciadas o simplemente excluidas de nuevas oportunidades. En el plano sentimental y social, cargan con estigmas que las invisibilizan. Y en el área de la salud, denuncian que ciertos seguros de riesgos limitan coberturas, incrementan costos o imponen trabas que las dejan en estado de indefensión.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta realidad constituye una forma de violencia simbólica y económica, que condena a mujeres adultas mayores a la precariedad y al aislamiento, pese a haber contribuido durante décadas al desarrollo de sus familias y del país.
Especialistas en temas sociales señalan que el envejecimiento no puede seguir siendo tratado como un descarte humano. “La experiencia no puede convertirse en una carga social. Una mujer de 60 años no es desecho; es memoria viva, es talento acumulado, es capacidad probada”, afirman.
El llamado es claro: el Estado, el sector privado y la sociedad deben impulsar políticas públicas y prácticas inclusivas que protejan a las mujeres adultas mayores, garantizando igualdad de oportunidades, acceso digno a la salud y respeto a su integridad.
Porque cumplir 60 años no puede ser sinónimo de rechazo. No puede ser marginación. No puede ser desprotección.
La República Dominicana está obligada a demostrar que es una nación que respeta la dignidad en todas las etapas de la vida.
