Orlando Espinosa, titular de la Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos de la FP, consideró que las sanciones previstas en la legislación vigente deben revisarse para responder a las modalidades del crimen organizado, que utiliza los mecanismos del comercio internacional para introducir armamento de manera ilegal.
El dirigente señaló en un comunicado que la Ley General de Aduanas 168-21 contempla penas de hasta diez años de prisión para determinadas modalidades de contrabando agravado, mientras que la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece condenas de hasta 30 años para delitos específicos vinculados al desvío de pertrechos oficiales.
Espinosa afirmó que el Congreso Nacional debe armonizar ambas legislaciones para evitar que el tráfico de armas y municiones reciba sanciones menos severas cuando se realiza mediante operaciones aduaneras.
Como ejemplo, citó informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití que, según explicó, documentan la incautación en el puerto de Haina de un contenedor procedente de Miami, declarado como transporte de ajuares del hogar, en cuyo interior fueron hallados 36,000 cartuchos y 23 armas de fuego.
También mencionó el caso de un segundo teniente del Ejército dominicano detenido junto a un ciudadano haitiano cuando transportaban 1,516 cartuchos en una motocicleta por la provincia de San Juan.
El dirigente recordó, además, que informes de Naciones Unidas han documentado la presencia de municiones con las siglas del Ejército de República Dominicana (ERD) en poder de organizaciones criminales haitianas, entre ellas la banda 400 Mawozo.
Ante estos hechos, sostuvo que las investigaciones deben abarcar no solo a quienes transportan las mercancías ilícitas, sino también a los organizadores, financiadores y beneficiarios de las operaciones, así como a los funcionarios cuya participación pueda ser demostrada.
Entre las medidas propuestas por la FP figuran el endurecimiento de las penas por reincidencia, la inhabilitación para realizar operaciones de comercio exterior y la incautación definitiva de los bienes utilizados por las redes de contrabando.
Espinosa también cuestionó la aparición de municiones de origen militar dominicano en manos de bandas haitianas y reclamó explicaciones a las autoridades sobre las medidas adoptadas para impedir que los puertos, las aduanas y las plataformas logísticas del país sean utilizados para el tráfico ilegal de armamento.
La organización opositora ha reclamado anteriormente una mayor fiscalización del tránsito internacional de mercancías y medidas contra el desempaque ilegal y el desvío de cargas en territorio dominicano.
Espinosa insistió en que el combate a estas redes requiere controles aduaneros efectivos, investigaciones judiciales, cooperación internacional y una legislación que establezca sanciones acordes con la gravedad de los delitos.
