SANTO DOMINGO. – La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, afirmó este martes que durante la administración de Joe Biden existió presión política para que el país mantuviera abierta la frontera con Haití, a pesar del deterioro de la crisis en el vecino territorio.
Al participar como oradora invitada en un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), Campos explicó que el aumento de la migración irregular hacia Estados Unidos —incluyendo personas “delincuentes” o sin intención de integrarse a los valores estadounidenses— generó un clima político que afectó directamente a la República Dominicana.
“Esto también se tradujo en una presión política sobre las autoridades dominicanas para que mantuvieran abierta su frontera con Haití”, afirmó.
Campos señaló que una de sus prioridades será impulsar soluciones conjuntas que contribuyan a restablecer la estabilidad haitiana, lo que discutirá con el presidente Luis Abinader y representantes del sector privado.
Indicó que la inestabilidad en Haití representa una amenaza común para ambos países, y que el objetivo final debe ser que los haitianos “puedan vivir y disfrutar de su país en paz y seguridad”.
La diplomática destacó los esfuerzos del Gobierno dominicano en el combate al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, al tiempo que llamó a mantener la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad.
Asimismo, alertó sobre el impacto del crimen digital: reveló que la República Dominicana sufrió 233 millones de intentos de ciberataques en los primeros seis meses de 2025, dirigidos tanto a entidades públicas como a ciudadanos.
Campos aseguró que bajo su gestión y durante la administración del presidente electo Donald Trump, Estados Unidos garantizará un clima de negocios basado en transparencia y reglas claras.
Informó además que su primera visita oficial a una empresa dominicana será a Central Romana, principal proveedor de azúcar al mercado estadounidense, y advirtió que no permitirá la “politización” de temas comerciales ni “acusaciones falsas” impulsadas por grupos activistas.
