Santo Domingo – El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, emitió contundentes declaraciones, luego que la jueza Kenia Romero recesara el conocimiento de medida de coerción a los imputados en Operación Calamar.
El procurador Wilson Camacho, consideró como «asombroso» que los primeros diez imputados de la Operación Calamar hayan admitido este viernes su culpabilidad ante la jueza Kenya Romero, durante la audiencia de conocimiento de medidas de coerción.
«Debemos confesar que lo que ha sucedido hoy en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso, y lo es por tres razones: en primer lugar, diez de los 20 imputados han admitido los hechos ante el tribunal, lo que constituye el 50 % de los imputados», expresó Camacho a los periodistas.
Indicó que estas admisiones son las consecuencias directas de la contundencia de la investigación y de que las defensas actuaron inteligentemente, al darse cuenta que las «evidencias del Ministerio Público son irrefutables».
En segundo lugar, entiende que las admisiones «corroboran todas y cada una de las líneas presentadas por el Ministerio Público en este proceso».
En tercer punto, Camacho agregó que por la forma en que los encartados narraron ante el tribunal cómo operaba el entramado descubierto mediante la Operación Calamar, estos dijeron más de lo que esperaba el órgano acusador, al señalar que operaban como una mafia.
Este viernes, admitieron su culpabilidad en el alegado entramado de corrupción contra el Estado dominicano llamado Calamar, los imputados: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
El Ministerio Público los acusa de ser parte de una supuesta red de corrupción encabezada por funcionarios del Ministerio de Hacienda que estafó al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos, al realizar de manera fraudulenta la compra y pago de terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA). También hay señalados por realizar cobros ilegales a bancas de apuestas, de lotería y colmados que tenían máquinas tragamonedas instaladas.
Las imputaciones preliminares que hace el Ministerio Público incluyen conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal. También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Cambio de solicitud de medidas
El representante del Ministerio Público dijo que para los que negociaron con el Ministerio Público, las medidas solicitadas serán arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas. También aseguró que tendrán que devolver dinero adquirido ilícitamente.
La audiencia de hoy
Más temprano, el Ministerio Público terminó de leer el extenso expediente acusatorio de 2,120 páginas.
La audiencia se realizó a puertas cerradas en el Palacio de Justicia, lugar que fue resguardado a lo interno y externo por agentes de la Policía Nacional y del Ejército para prevenir la concurrencia de activistas que han estado protestando por algunos de los apresados.
El órgano acusador solicitaba 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de proceso complejo, por el supuesto desfalco de más de 19,000 millones de pesos contra el Estado, mediante un supuesto entramado que se montó desde el Ministerio de Hacienda.
El Ministerio Público sigue representado por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso; el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y un equipo de fiscales.
Todos los imputados
Los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, forman parte de los detenidos desde la noche del pasado sábado 18 de marzo. También, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
Asimismo, el exdirector de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero; el exdirector Juegos de Azar, Julián Omar Fernández y Roberto Santiago Moquete.
También Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes. De igual forma, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
Caso diputado Sergio Moya
Al ser cuestionado sobre las supuestas irregularidades cometidas por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya (Gory), Camacho respondió que investigará el caso y llevarán ante los tribunales a todas las personas que hayan cometido ilícitos.
El legislador ha sido señalado como cobrador irregular a bancas de lotería. Al menos cuatro personas interrogadas lo han delatado.
La imputación del Ministerio Público en contra de los apresados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
La audiencia de este viernes fue recesada hasta el domingo 2 de abril a las 9:00 de la mañana, cuando faltan diez señalados más por rebatir el expediente de medida de coerción incoado por el Ministerio Público.