SANTO DOMINGO. – El Grupo de Medios Telemicro emitió este martes un comunicado en el que rechaza enérgicamente cualquier intento de adjudicación o promoción del canal 3 por parte de terceros, advirtiendo que dicho espacio televisivo permanece bajo un proceso judicial aún en curso.
La empresa recordó a la ciudadanía y a las autoridades que ninguna compañía, incluyendo ACD Media, está legalmente autorizada para utilizar o anunciar operaciones sobre esta señal, hasta tanto el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emita una decisión definitiva sobre su titularidad.
“El canal 3 continúa en disputa judicial, por lo tanto, ninguna empresa puede atribuirse su uso. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a la ley, la institucionalidad y la transparencia, pilares fundamentales de la democracia dominicana”, expresa el comunicado oficial de Telemicro.
El conflicto tomó relevancia pública luego de que ACD Media hiciera referencia al canal 3 como parte de su futura programación, lo cual ha sido interpretado como una acción prematura e incluso ilegal, según sostiene el grupo Telemicro.
En respaldo a esta postura, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) también se pronunció, aclarando que el canal 3 no puede ser activado ni operado por ningún grupo mediático o empresa privada hasta que haya una sentencia firme del TSA.
“Mientras el proceso esté abierto, el canal no podrá ser adjudicado, ni mucho menos puesto en funcionamiento. Solo la justicia tiene la facultad de definir su titularidad”, indicó Indotel en una declaración reciente.
La disputa legal por el canal 3 ha generado una creciente atención en el sector de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, debido a su potencial estratégico dentro del espectro de la televisión abierta en el país. La señal, considerada de alto valor comercial y técnico, permanece inactiva por mandato judicial, mientras se dirime su futuro en los tribunales.
Telemicro reiteró que continuará acogiéndose a las decisiones de las autoridades competentes y exhortó a los demás actores involucrados a respetar el debido proceso legal, evitando acciones que puedan interpretarse como una violación a la institucionalidad o una presión indebida sobre el sistema de justicia.
