Por: José Manuel Jerez
“Reformas a la Constitución Política Dominicana 1994, 2002, 2010, 2015 y 2024 (Ampliada)”, de Antoliano Peralta Romero y Rafael Peralta Romero, llega en su segunda edición (octubre de 2025) como una obra de referencia inmediata para entender, con documentos, cronologías y contextos, el modo en que la política dominicana ha moldeado su Carta Fundamental durante las últimas tres décadas. Puesta en circulación: “27 de octubre, a las 7:00 P. M., en el Auditorio Principal del Banco Central de la República Dominicana.”
La estructura editorial facilita el trabajo del lector: cada reforma (1994, 2002, 2010, 2015 y 2024) se presenta con su reseña histórica, el texto constitucional proclamado —cuando aplica— y anexos legales indispensables (leyes habilitantes, mensajes presidenciales y piezas de debate público). Es un formato didáctico y, al mismo tiempo, riguroso, que conecta las motivaciones coyunturales con las consecuencias institucionales de largo plazo.
La entrada de 1994 está narrada desde la crisis postelectoral que forzó un pacto político y una reforma acelerada. Más allá de abreviar el mandato presidencial de entonces, el libro destaca dos innovaciones que cambiarían la arquitectura del sistema: la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y el rediseño de reglas electorales (colegios cerrados y eventual segunda vuelta). La secuencia documental —ley 16‑94, Pacto por la Democracia, declaraciones y fallos— ofrece al lector un mapa para evaluar si la salida de crisis fue, a la vez, un disparador de modernización institucional.
La reforma de 2002 es leída sin eufemismos: una modificación orientada casi exclusivamente a la repostulación presidencial consecutiva. Su valor radica en mostrar cómo el péndulo reeleccionista ha sido una constante que tensiona el diseño del poder ejecutivo y contamina otras agendas de reforma. La lección es clara: el hiperpresidencialismo dominicano ha intentado, una y otra vez, escribir sus propias reglas.
La Constitución de 2010, en cambio, inaugura una fase sustantiva: amplía el catálogo de derechos, redefine la naturaleza del Estado como “democrático, social y de derecho” y eleva la ambición de las finalidades públicas. El libro, al reproducir textos y discursos de proclamación, permite apreciar la magnitud del giro programático que esa reforma supuso para el constitucionalismo dominicano, tanto en la esfera axiológica como en la jurisdiccional.
Sobre 2015, la obra recuerda el regreso del péndulo reeleccionista y su impacto político, insertándolo en la serie histórica de alteraciones al modelo de reelección. En clave periodística, el volumen sugiere que cada “ajuste” a la repostulación ha sido un termómetro del momento político más que el producto de una teoría estable del poder.
El aporte más novedoso está en 2024: se documenta una reforma en la que el presidente Luis Abinader impulsa límites explícitos a su propio poder. Los autores subrayan tres piezas decisivas: i) autonomía y nuevo método de designación del Ministerio Público (artículo 171), con inamovilidad y un mecanismo compartido con el Consejo Nacional de la Magistratura; ii) recomposición del propio Consejo (exclusión del Procurador General e inclusión del presidente del Tribunal Constitucional, artículo 178); y iii) blindaje de las reglas de elección presidencial como “cláusula pétrea” (artículo 268), más la nueva disposición general (artículo 278) que impide beneficiarse de reformas durante el mandato y una disposición transitoria que cierra, en concreto, el retorno del titular al binomio presidencial o vicepresidencial. Es un giro poco frecuente en América Latina: un presidente que promueve constitucionalmente su propia auto‑limitación.
El volumen también reúne los instrumentos que hicieron viable la reforma de 2024 —ley 61‑24 que declaró la necesidad de reforma; el Mensaje presidencial 020840 que la remitió al Senado; los anteproyectos expuestos a ciudadanía y al CES— y una valiosa curaduría de artículos de opinión que fijan el clima intelectual del debate: cláusulas pétreas, referendo aprobatorio, inamovilidad del procurador, competencia y procedimiento. Esa “hemeroteca razonada” convierte a la segunda edición en una fuente para estudiantes, litigantes y decisores.
Desde una perspectiva político‑analítica, la tesis que se desprende del libro es doble: por un lado, que la tradición dominicana de reformar por coyuntura persiste; por el otro, que 2024 puede marcar un quiebre si el blindaje institucional resiste la prueba del tiempo y de las mayorías futuras. La “Constitución de 2010” fijó el horizonte axiológico; la de 2024 pretende fijar candados procedimentales. La pregunta abierta no es retórica: ¿serán suficientes para encarecer el costo de las pulsiones hegemónicas que históricamente han asediado al sistema?
En suma, esta segunda edición no es sólo una compilación ampliada: es un expediente crítico sobre cómo se forjan, a golpe de crisis y cálculo, las reglas del poder. Como obra de consulta y como insumo para el debate público, merece un lugar en bibliotecas académicas y en los escritorios de quienes toman decisiones.
