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#VIDEO Presidente Luis Abinader solicita análisis de irregularidades detectadas en Punta Catalina en los años 2013-2021

SANTO DOMINGO. –  El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que, tras el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas sobre la Central Termoeléctrica Punta Catalina, le gustaría ver una evaluación de las presuntas irregularidades encontradas en la auditoría a Punta Catalina en el período 2013-2021.

“(…) Quisiera una evaluación que se creó que lo está haciendo tanto Punta Catalina como el Gabinete de energía para determinar qué hacer e incluso habría que adaptar en caso de de que se confirme adaptar también los libros de Punta Catalina a ese costo”, señaló el mandatario en LA Semanal con la Prensa.

Abinader indicó que se trata de un tema que debe analizarse con rigurosidad y que corresponde a la empresa y al Gabinete de energía dar una respuesta oficial. “Bueno, me parece que ese informe salió la semana pasada, eso la compañía Punta Catalina tiene que analizarlo, verlo, creo que llegó a una suma de 3000 más de 3200 millones de dólares”, precisó.

La auditoría de la Cámara de Cuentas, publicada la semana pasada, reveló que la inversión comprobada en la termoeléctrica asciende a RD$136,179,872,551. Sin embargo, al incluir valores no validados por más de RD$21,000 millones, el costo neto se elevó a RD$148,021,238,401, situando a Punta Catalina como una de las obras más caras de la historia del Estado dominicano.

El documento también advierte que pese a que la planta fue concluida y puesta en operación en abril de 2020, al cierre de 2021 aún aparecía en los registros como una obra en construcción. A esto se suman pagos por más de RD$10,000 millones realizados por el Ministerio de Hacienda que no fueron registrados por la entidad responsable.

Otros hallazgos de la auditoría incluyen contrataciones bajo proveedor único sin justificación, acuerdos con empresas no registradas en el Registro de Proveedores del Estado, modificaciones superiores al 50 % del monto inicial y contrataciones por más de US$33 millones bajo procedimientos de emergencia, sin remisión de informes a la Cámara de Cuentas ni a la Contraloría General de la República.

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