Santo Domingo. -El presidente Luis Abinader benefició a los empleados públicos mediante el decreto 312-22 del Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública que data del 21 de julio de 2009, para extender las licencias y los permisos por motivo del nacimiento de sus hijos.
Los permisos y licencias en el sector público son manejados por el decreto 253-09. El Ejecutivo modificó el numeral 1 del artículo 78 de ese decreto para que en lo adelante se les conceda a los padres servidores públicos 15 días hábiles de licencia por paternidad y disfrute de sueldo dentro de los primeros tres meses del nacimiento de sus hijos. El servidor público podrá hacer uso de este permiso de manera consecutiva o parcial.
Cabe destacar que, para garantizar la atención pediátrica de forma justa y medida, los derechos que conllevan tanto la maternidad como la paternidad, la ordenanza 312-22 de fecha 14 de junio, establece que tanto a los padres y como a las madres que laboran en el sector público se le conceda un día cada mes, durante los primeros 12 meses de vida de sus hijos para llevarlos al pediatra.
Igualmente, a partir de los tres meses de nacido y hasta los cinco años de sus hijos, ambos padres tanto madre como padre podrán tener al año tres permisos, cada uno de hasta tres días, para atender situaciones específicas de sus retoños.
La disposición del Ejecutivo agrega, que, para estos casos en especial, se podrá llegar a acuerdos para proseguir con las labores, que incluye el teletrabajo u otras modalidades de labor con los trabajadores públicos y avalar la continuación y claridad de los trabajos de la institución.
La orden 312-22 determina, que esos permisos especiales no se acumularán ni se tomarán de forma consecutiva y “todo lo anterior se dispone sin detrimento de otros permisos o licencias que puedan aplicar”.
El primer mandatario Abinader adiestró al Ministerio de Administración Pública (MAP), para que lleve a cabo todas las medidas necesarias y sea efectiva la ejecución del presente decreto.
Conjuntamente, que las disposiciones del jefe de estado conciernen con la política gubernamental para favorecer el respeto a los principios de igualdad, no discriminación y equilibrio entre los empleados públicos.
