Santo Domingo. -El presidente del Colegio Dominicano de Abogados Miguel Surun, dijo que la ley sobre intimidad lo que busca es proteger, censurar y violar la Constitución y tratados internacionales donde los únicos beneficiados serían los altos funcionarios y políticos.
El reciente proyecto aprobado de Ley Orgánica sobre Derecho a la Intimidad, hoy sábado el director del Colegio de Abogados del país, Miguel Surun, insistió en su rechazo al mismo y lo consideró como «ley “mordaza”».
Asimismo, dijo que con la aprobación de este proyecto se da licencia a los funcionarios para operar el manejo de la «cosa pública» (opinión pública) sin cuestionamientos.
«Lo que se busca con este proyecto es blindar y librar a los políticos y funcionarios públicos de los cuestionamos que en democracia le corresponden hacer a los ciudadanos y a la prensa», dijo Surun durante el taller «Delito de opinión pública en el contexto constitucional».
indicó que con este proyecto se pondría en riesgo el trabajo de los medios de comunicación y de la población en general del ejercicio cívico y democrático de opinión pública por redes sociales y otros medios.
A lo largo de la actividad estuvo presente el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, José Beato, quien afirmó que con este proyecto se limita la libertad de expresión «que tanta lucha le ha costado a la prensa».
«Se trata de un acecho para todo lo que estamos trabajando prensa en las diferentes manifestaciones. Leyes similares se han aprobado en otros países, como Panamá, Perú y Argentina y han tenido efectos devastadores sobre los periodistas», expresó Beato.
El proyecto de ley orgánica que regularía el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la imagen fue aprobado el pasado 17 de mayo en segunda lectura en el Senado. La pieza fue sancionada en primera lectura en esa misma cámara el pasado 20 de abril.
Se trata de una iniciativa sometida el pasado 22 de febrero por la senadora perremeísta por Bahoruco, Melania Salvador, y fue remitida a la Comisión Permanente de Justicia del Senado el 2 de marzo pasado.
