Santo Domingo.- Trece imputados en el caso SeNaSa 2.0 admitieron ante el tribunal los hechos que les atribuye el Ministerio Público, con relación a un supuesto esquema de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos, aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, informó que las admisiones se produjeron durante la audiencia de solicitud de medidas de coerción y afirmó que constituyen una muestra de la fortaleza de la investigación.
La solicitud de coerción presentada por el órgano acusador está sustentada en 706 medios de prueba, evidencia que la entidad considera suficiente para la imposición de medida de coerción solicitada.
“Muchos de estos montos ni siquiera podrán ser rastreados a través de transacciones bancarias. ¿Y ustedes saben por qué?. Distinguido juez, porque muchos de ellos, tal y como han declarado a este tribunal algunos de los imputados, eran montos entregados en efectivo, que se demuestran a través de otros tipos de pruebas”, señaló Camacho.
El juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para el próximo domingo, 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.
¿En qué consiste SeNaSa 2.0 ?
El órgano acusador indicó que la Operación Cobra 2.0-A o SeNaSa 2.0 se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Sostiene que en el supuesto entramado participaron médicos, empleados y exempleados de SeNaSa y otras personas vinculadas al sector salud.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Nueve imputados recibirían arresto domiciliario
Camacho explicó que una parte de los imputados colaboró con la investigación, admitió los hechos, mostró arrepentimiento y pidió excusas ante el tribunal, circunstancias que fueron tomadas en cuenta por el Ministerio Público para modificar la medida solicitada inicialmente para nueve de ellos.
“Admitieron los hechos en el tribunal, y, repito, esa es una muestra de la contundencia y la fortaleza de la investigación del Ministerio Público”, reiteró el director general de Persecución.
Por esa razón, el órgano acusador solicitó arresto domiciliario para Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Mantienen solicitud de prisión preventiva
El Ministerio Público mantiene la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para los demás imputados incluidos en esta etapa del proceso.
Entre ellos figuran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo y Rodríguez Nova, además de los médicos Ysabel Heredia Vallejo, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Igualmente, contra los galenos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
Perjuicio al derecho a la salud
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que el caso no debe ser analizado únicamente tomando en cuenta los montos de dinero que presuntamente recibió cada imputado.
Ortiz afirmó que el bien jurídico que el Ministerio Público considera afectado es el derecho fundamental a la salud, al señalar que las operaciones investigadas no se limitan al dinero presuntamente recibido por los involucrados.
“Esto no se trata de los montos percibidos, porque el bien jurídico en este proceso no radica en cuánto recibió o dejó de recibir la persona, el bien jurídico protegido aquí es un derecho fundamental, que es el derecho a la salud”, expuso.
Operación Onco14
En junio pasado también fue ejecutada la Operación Onco14, relacionada con alegadas maniobras fraudulentas en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), que habrían afectado además a pacientes con cáncer y a SeNaSa.
En una primera etapa, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de la institución, a quien señala como cabecilla del entramado, junto a otros imputados.
Por el caso además fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia. La señalada fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez arresto domiciliario.
