Santo Domingo. – El inicio del nuevo año sorprende a la República Dominicana con avances indiscutibles —estabilidad macroeconómica, liderazgo regional en turismo y una trayectoria de crecimiento sostenido—, pero también con debilidades estructurales capaces de erosionar la estabilidad económica, social e institucional construida en las últimas décadas.
El reto ya no es identificar los problemas sino resolverlos con coherencia, credibilidad y capacidad de ejecución.
Inversión pública: crecer sin improvisar
Uno de los retos es incrementar la inversión pública en al menos uno o dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Durante años, el gasto de capital no ha alcanzado lo que se necesitaba para acompañar el crecimiento de la economía y de la población. La gente ve el resultado en la vida de todos los días: las carreteras con tráfico, los sistemas de agua y drenajes que no funcionan y la infraestructura urbana que empieza a mostrar signos de agotamiento.
Las estimaciones del Banco Mundial sitúan la inversión pública dominicana entre 1.5 y 2.5 % del PIB, con una ejecución efectiva que con frecuencia queda por debajo de lo presupuestado. Ese nivel resulta insuficiente para cerrar brechas acumuladas en infraestructura vial, agua, saneamiento, educación y salud, y está por debajo de lo que se considera necesario para sostener un crecimiento robusto en una economía de ingreso medio.
Aumentar la inversión implica priorizar proyectos, mejorar la planificación, fortalecer la capacidad de ejecución y asegurar que cada peso invertido tenga impacto productivo y social.
Deuda, presupuesto
Tras un 2025 de crecimiento modesto, cercano al 2.3 %, el desafío inmediato es al menos duplicar esa tasa. Se considera que ese nivel resulta insuficiente para generar empleo de calidad, aumentar ingresos reales y sostener políticas sociales ambiciosas.
Para lograrlo se requiere un entorno de confianza para la inversión privada, reglas claras, estabilidad jurídica y una política pública que evite improvisación.
En el Presupuesto General del Estado del 2026, el servicio de la deuda es una de las mayores presiones sobre las finanzas públicas. El pago de intereses y comisiones llega a 324,000 millones de pesos, lo que equivale al 3.7 % del PIB. Esa cifra coloca al servicio de la deuda entre las partidas con mayor peso del gasto público.
Visto desde los ingresos, el impacto es aún más contundente: cerca del 24 % de los ingresos fiscales se destinarán exclusivamente al pago de intereses. En términos prácticos, casi uno de cada cuatro pesos recaudados se utilizará para honrar compromisos financieros acumulados, antes de financiar educación, salud, seguridad o infraestructura.
60 %
Porcentaje del Producto Interno Bruto que roza el endeudamiento público dominicano.
El peso creciente proviene del endeudamiento que roza el 60 % del PIB y del contexto internacional con tasas de interés más altas. El reto fiscal obliga al Gobierno a contener el déficit y evitar que el servicio de la deuda siga desplazando el gasto productivo y el gasto social. El servicio de la deuda se vuelve una carga para la política fiscal.
El clima político
Es necesario evitar el deterioro del clima político. La polarización, el desgaste del debate público y la pérdida de confianza institucional son riesgos reales. La gobernabilidad no se mantiene solo con las mayorías electorales, sino que necesita credibilidad.
El escándalo en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) obliga al Gobierno a rescatar la confianza perdida mediante controles eficaces, transparencia y acciones legales contra todos los responsables del engaño en la seguridad social pública.
Surge un desafío transversal: renovar el gobierno para que sea coherente con una idea de eficacia y modernización. No basta con cambiar nombres o mover fichas; se requiere una administración orientada a resultados, con gestión profesional y rendición de cuentas.
El país no necesita un año de transición sino de decisiones. En el 2026, la República Dominicana vuelve a poner a prueba su capacidad de convertir desafíos en avances concretos.
