Dajabón.- Actualmente contratista de la dirección de infraestructura escolar, dirigida por su ex jefe Ing. Roberto Herrera, Ingeniero José Rafael Espinal, (Rafy), director regional Cibao Noroeste del MOPC, compró la empresa SERVICIOS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SETCA, SRL quien en el pasado fue la empresa a la que mediante un sorteo en el año 2015 se le adjudicó la construcción de la escuela Los Cerezos en el municipio de Restauración en la provincia de Dajabón.
El funcionario, valiéndose de su relación con la coordinación de la supervisión cabildeó para comprar dicha empresa que luego gestionó se transfiriera hacia el Instituto San Ignacio de Loyola como parte de una reubicación que como arte de magia duplicó el presupuesto del proyecto original.
Según consta en el registro de proveedores del Estado esta empresa tiene como contacto a la esposa de dicho funcionario de nombre Santa Ydamary Cruz de Espinal, en una evidente maniobra fraudulenta el ingeniero Espinal se adueña de la provincia de Dajabón.
Este entramado empresarial y político apunta a un planificado fraude con la reformulación de precios lo que aumentó el monto a invertir en dicho proyecto, el Ing. Espinal se estaría consolidando como el hombre fuerte de las contrataciones públicas en Dajabón, utilizando estructuras del Estado para obtener ventajas indebidas y controlar importantes proyectos de infraestructura en la región.
Mientras tanto, la comunidad de Dajabón observa cómo uno de sus principales proyectos escolares se ha transformado en una oportunidad de enriquecimiento para un funcionario con acceso privilegiado al poder.
Dentro del equipo que trabaja para la dirección de infraestructura escolar existe una estructura instaurada que controla hasta a qué suplidor debe comprarle el contratista los materiales requeridos por la supervisión, todo esto resuena en un gobierno que su compromiso con la transparencia ha sido su punto de lanza, y sobre todo cuando se abren nuevos procesos de licitación que alcanzarían los 5000 millones de pesos.
El ministro de Obras Públicas y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental debieran prestar más atención a funcionarios que hacen vida en las provincias, pues a menudo le enrostran a la población su enriquecimiento bajo cuestionables manejos institucionales.
