SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), encabezada por Milagros Ortiz Bosch, otorgó una calificación de 100% en evaluación de transparencia al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), institución que hoy se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción y saqueo de recursos públicos, según el expediente presentado por el Ministerio Público en el caso denominado Operación Cobra.
De acuerdo con la acusación formal, una red integrada por prestadores de servicios de salud, intermediarios administrativos y empresas vinculadas a familiares de Hazim habría ejecutado un esquema sostenido de fraude, facturación irregular y desvío de fondos del Estado, en detrimento directo de millones de dominicanos afiliados al sistema público de salud.
Facturación de servicios médicos inexistentes
El expediente detalla que los imputados facturaban servicios médicos no realizados, incluyendo hemodiálisis, cirugías y quimioterapias falsas, algunas de ellas cobradas a nombre de personas fallecidas, por las cuales SeNaSa pagó millones de pesos.
Asimismo, se documenta que procedimientos ejecutados de manera parcial eran reportados como completos, generando cobros inflados, y que se produjo la duplicación de procedimientos a un mismo afiliado en períodos cercanos, sin justificación clínica válida.
Servicios incompatibles y uso reiterado de afiliados
El Ministerio Público también señala el uso de diagnósticos repetidos en distintos pacientes para sustentar autorizaciones, así como la facturación de servicios médicamente incompatibles, como internamientos y atenciones ambulatorias reportadas simultáneamente.
Otro patrón identificado fue el uso reiterado de determinados afiliados, empleados como soporte para múltiples reclamaciones, en algunos casos sin su conocimiento, lo que evidencia la manipulación sistemática del sistema.
Empresas vinculadas y cobros absurdos
Uno de los elementos más llamativos del expediente es que empresas vinculadas a familiares de Hazim reportaban supuestos servicios de ginecología a pacientes masculinos, un hecho calificado como insólito y revelador del nivel de distorsión y control fraudulento del sistema de reclamaciones.
Coordinación y lavado de activos
La acusación describe una coordinación administrativa del fraude, mediante intermediarios encargados de la codificación, presentación y seguimiento de las reclamaciones para cumplir formalmente con los requisitos del sistema.
Los pagos realizados por SeNaSa eran posteriormente dispersados entre personas físicas y jurídicas vinculadas a los imputados, y parte de esos fondos fue utilizada para la adquisición de inmuebles y otros bienes, lo que dio lugar a imputaciones por lavado de activos y a la inmovilización judicial de propiedades.
Cuestionamientos a las evaluaciones de transparencia
El caso ha generado fuertes cuestionamientos al sistema de evaluaciones de transparencia de la DIGEIG, que otorgó la máxima puntuación a SeNaSa antes de que se destapara el fraude. Sectores sociales y jurídicos advierten que limitar la transparencia al cumplimiento formal de publicaciones en portales institucionales no garantiza integridad, control ni uso honesto de los recursos públicos.
Mientras el proceso judicial avanza, crece el debate nacional sobre la eficacia real de los organismos de ética y control, y la necesidad de que las evaluaciones de transparencia estén alineadas con la prevención efectiva de la corrupción y la protección del patrimonio del Estado.
