Santo Domingo. – Ante las denuncias de supuestas violaciones de derechos de propiedad y su mención en el expediente del caso Calamar, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres, expresó que ha sido víctima de una campaña sucia de difamación e injuria, razón por la cual solicitó una licencia al presidente Luis Abinader para poder limpiar su nombre.
Durante una rueda de prensa el día de ayer, en su primer encuentro explicando su versión de los hechos, dijo que su nombre figura en el expediente del caso Calamar, pero en calidad de abogado apoderado por la familia del señor Moisés Reyes, “alias Ben” para llevar una demanda en Justiprecio en contra del Estado en el 2017, caso según indicó, en el que obtuvo sentencia favorable para sus clientes, de parte del Tribunal Superior Administrativo.
Por ello, señaló que el Estado procedió en el 2020 a pagar a la familia que le habían expropiado los terrenos, recibiendo Torres, el pago de sus honorarios por el trabajo que realizó como abogado.
A su vez, Torres dio a conocer otra vez la mención de su nombre en el caso de la recuperación sobre un proceso judicial llevado por su bufete de abogados, el cual fue apoderado por las demandantes el 21 de junio del 2016 y el 20 de febrero del 2017. realizados según Torres de acuerdo a los procedimientos legales.
Procediendo así al informe realizado mediante una investigación por la dirección de Ética Gubernamental, en virtud a una denuncia hecha por la parte demandada, concluyendo que no hubo falta administrativa por parte de Torres, en su condición de director ejecutivo de titulación de terrenos del estado, puesto que dicha recuperación, realizada por la fiscalía de Santo Domingo Este, fue para devolverle a su legítimo dueño el inmueble, reiteró Torres al leer su declaración.
Ante esta situación, Torres se puso a la disposición de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, (Digeig), Milagros Ortiz Bosch y la procuradora de la República, Miriam Germán, para ser investigado por otorgar supuestos títulos de propiedad a invasores de terrenos y de conformar una comisión de malhechores con uso militar.
