SANTO DOMINGO. – El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró este lunes en rebeldía a la empresa Industria Soltex Dominicana S.R.L., vinculada al imputado Jochi Gómez, luego de que su representante legal no compareciera este lunes al tribunal para el inicio de la audiencia preliminar, según dispuso la jueza Yanibet Rivas tras acoger la solicitud del Ministerio Público.
De acuerdo con la acusación presentada por la Procuraduría, la empresa es señalada como parte de una estructura dedicada al lavado de activos y contrabando, investigada dentro del amplio entramado criminal desmontado mediante la operación Camaleón.
El inicio de la audiencia preliminar estaba pautado para este lunes, pero fue recesado y reprogramado para el 15 de diciembre, luego de que la defensa solicitara una reposición de plazo para estudiar la acusación. Aunque los abogados pidieron entre 45 y 60 días, el Ministerio Público, representado por el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, se opuso a la petición alegando que 25 días eran suficientes para analizar el expediente, el cual abarca 338 páginas con las pruebas ofertadas.
La Pepca presentó acusación formal contra una estructura integrada por funcionarios, exfuncionarios y empresarios vinculados al Intrant y al Ministerio de Defensa, señalados por su presunta participación en hechos de corrupción administrativa, fraude en procesos de contratación, estafa al Estado, sabotaje tecnológico, contrabando, falsificación y lavado de activos. El Ministerio Público sostiene que el entramado operaba mediante contratos irregulares y convenios fraudulentos que permitieron el desvío de fondos públicos y la vulneración de infraestructuras tecnológicas críticas del Estado.
Según la acusación, el eje operativo del esquema lo constituye José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), cuyas conexiones societarias y financieras habrían permitido consolidar una red empresarial utilizada para actividades ilícitas. La Pepca afirma que mediante operaciones coordinadas con empresas relacionadas se ejecutaron maniobras fraudulentas que comprometieron la seguridad tecnológica y la legalidad administrativa.
En octubre de 2024, el caso fue declarado complejo por la jueza Fátima Veloz, quien impuso medidas de coerción a varios de los imputados. Con la nueva fecha fijada para el 15 de diciembre, el proceso se encamina a una etapa crucial para determinar la apertura o no de un juicio de fondo en uno de los expedientes de corrupción más amplios y sensibles de los últimos años.
