Vivir en Constitución es la expresión más alta de la conciencia ciudadana. El que lo logra se eleva a niveles superiores de la condición humana y convierte en un sujeto social activo que cumple sus deberes y sabe ejercer sus derechos con el respeto irrestricto de la dignidad humana y los demás derechos fundamentales de las otras personas.
Además, la Constitución es el pacto jurídico y político más importante de una nación. En ella descansan los principios que organizan el Estado, garantiza la convivencia social y reconoce los derechos y libertades fundamentales, y de manera inclusiva.
Si es respetada, la vida democrática se fortalece y las instituciones adquieren legitimidad. El Pacto Fundamental establece las reglas de juego para el ejercicio del poder. Ninguna autoridad está por encima de ella. Presidentes, legisladores, jueces y demás funcionarios, incluyendo a los simples individuos, están sometidos a sus disposiciones. Gracias al principio de supremacía constitucional se evita la arbitrariedad y se fortalece el Estado de derecho, conforme al artículo 6 de su texto.
Ciertamente, la Carta Magna define las atribuciones de los órganos del Estado, promueve el equilibrio entre los poderes públicos y establece mecanismos de control para impedir arbitrariedades. La estabilidad institucional no depende únicamente de las autoridades, sino del respeto a las normas que la propia Constitución consagra.
Todos debemos saber que el valor más trascendental reside en la protección de los derechos fundamentales.
La dignidad humana, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el debido proceso, la propiedad, la educación, la salud y otros derechos esenciales encuentran en la Constitución su principal garantía.
