Santo Domingo.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana reveló en un informe reciente que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) firmó dos contratos por un monto superior a los RD$3 millones con la empresa Helicópteros Dominicanos, S. A., propiedad del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo Terrero, pese a que dicha compañía se encontraba inhabilitada desde el año 2014 por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
De acuerdo con los hallazgos de la auditoría, las contrataciones fueron realizadas en los años 2017 y 2019, durante una gestión administrativa en la que —según el órgano fiscalizador— no se verificó en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) la condición legal de la empresa oferente. Este descuido, señala la Cámara de Cuentas, constituye una violación directa a la normativa vigente sobre compras y contrataciones públicas, diseñada para garantizar la transparencia y la libre competencia en los procesos del Estado.
El informe advierte que esta práctica forma parte de una serie de irregularidades detectadas en la gestión de SeNaSa durante el período 2017–2019. Entre los hallazgos se mencionan deficiencias en los mecanismos de control interno, debilidades en la supervisión de contratos y omisiones en la verificación de requisitos legales y técnicos de los suplidores.
La Cámara de Cuentas subraya que los funcionarios responsables de autorizar o supervisar dichos contratos podrían enfrentar responsabilidad administrativa y civil, conforme a las disposiciones de la Ley 10-04, que rige el funcionamiento del órgano fiscalizador, y la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que los contratos con Helicópteros Dominicanos, S. A., estaban relacionados con servicios de transporte aéreo y asistencia logística, aunque la auditoría no detalla si dichos servicios fueron efectivamente prestados o en qué condiciones se ejecutaron los pagos.
La revelación ha generado reacciones en sectores sociales y políticos, que reclaman una investigación más profunda sobre la posible responsabilidad de los exfuncionarios involucrados. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil reiteraron la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción frente a violaciones a la ley de contrataciones.
El informe de la Cámara de Cuentas será remitido al Ministerio Público, que podría utilizar sus conclusiones como base para futuras indagatorias o acciones judiciales. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en debate el manejo de los fondos públicos y el cumplimiento de las normas que rigen la administración estatal.
