Santo Domingo.- El exministro de Obras Públicas y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, afirmó este lunes que es víctima de una persecución política, luego de que el Estado dominicano, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), presentara un recurso de apelación contra la decisión judicial que lo favoreció con un auto de no ha lugar.
Castillo sostuvo que la apelación busca revertir la resolución emitida por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y mantener abierto el proceso judicial en su contra, situación que, a su juicio, tiene como propósito afectar sus aspiraciones presidenciales.
El dirigente peledeísta manifestó que la acción impulsada por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) responde a motivaciones políticas y no jurídicas, al considerar que la decisión del tribunal estuvo sustentada en los elementos presentados durante el proceso.
Asimismo, aseguró que continuará defendiendo su inocencia por las vías legales y reiteró que no ha cometido los hechos que se le imputan.
Castillo afirmó que, pese al nuevo recurso interpuesto por el Estado, no abandonará su proyecto político ni sus aspiraciones de alcanzar la candidatura presidencial del PLD, al tiempo que expresó confianza en que la justicia volverá a actuar con independencia.
«Seguiré adelante con mi proyecto y continuaré trabajando por el país. No permitiré que este proceso detenga mis aspiraciones ni mi compromiso con los dominicanos», expresó.
El exfuncionario insistió en que las acciones emprendidas en su contra forman parte de una estrategia para desacreditar su imagen pública y limitar su participación en el escenario político de cara a futuros procesos electorales.
La apelación presentada por el ERPP busca que un tribunal superior revise el auto de no ha lugar dictado a favor de Castillo y otros imputados, con el objetivo de determinar si existen méritos suficientes para que el caso continúe hacia un juicio de fondo.
Mientras tanto, el proceso judicial seguirá su curso conforme al calendario establecido por los tribunales, que deberán decidir si confirman la decisión que favoreció al exministro o revocan total o parcialmente la resolución recurrida.
