SANTO DOMINGO. – Durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llevó a cabo una estrategia política consistente en colocar miembros y allegados de su organización en posiciones clave dentro del sistema judicial dominicano, con el objetivo de garantizar control institucional y protección política a largo plazo.
De acuerdo con observadores y analistas políticos, los gobiernos peledeístas no escatimaron esfuerzos para nombrar jueces, fiscales y altos funcionarios judiciales afines a su línea partidaria, asegurando así una estructura que respondiera a sus intereses y decisiones.
Esta práctica permitió al PLD blindarse jurídicamente, consolidando un esquema de poder que debilitó la independencia de la justicia y generó desconfianza en amplios sectores de la sociedad.
La población dominicana recuerda los nombres y los procesos mediante los cuales se realizaron estos nombramientos, muchos de los cuales tuvieron impacto directo en decisiones judiciales que beneficiaron a dirigentes y estructuras del partido morado.
Actualmente, cuando algunos de esos actores políticos buscan retomar espacios de poder, distintos sectores llaman a no olvidar la forma en que se utilizó el aparato judicial como herramienta de blindaje político, una práctica que marcó profundamente la institucionalidad del país.
Diversas voces de la sociedad civil insisten en la importancia de preservar y fortalecer la independencia judicial, evitando que se repitan esquemas en los que el poder político se imponga sobre la justicia.
