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Magistrado dictamina eliminar etiqueta «pulpo» al caso de hermano del exgobernante Danilo, Alexis Medina

Juez dice viola derechos fundamentales de los acusados

Santo Domingo. -El juez Deiby Timoteo Peguero ordenó al Ministerio Público eliminar la etiqueta o sobrenombre “pulpo” con la cual denominó a la investigación de la red que supuestamente encabezaba Alexis Medina Sánchez, por considerar que con ella se violan derechos fundamentales de los 47 imputados (26 personas físicas y 21 jurídicas).

Sostuvo que las etiquetas y sobrenombres se admiten cuando se está en plena investigación, pero no cuando ya el caso está judicializado.

Al acoger un incidente de la defensa, el magistrado del Séptimo Juzgado de Instrucción argumentó que la etiqueta no puede utilizarse para identificar a un acusado porque “es contrario a su dignidad”.

«No vemos la necesidad de que haya un señalamiento de esa naturaleza cundo resulta lesivo a derechos fundamentes”, indicó Peguero.

Sostuvo que dio respuesta a la solicitud de la defensa en cumplimiento al artículo 301 del Código Procesal Penal, la cual dispone que después de emitida la resolución, inmediatamente después de finalizada la audiencia, como juez debe corregir “los vicios” de la acusación del Ministerio Público o del querellante.

Calificó la utilización de «pulpo» como un «vicio formal» de la acusación.

Mencionó que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) alegó que la etiqueta no se atribuía a ninguna persona en específico, por lo que se da a entender que es a todos los imputados.

El juez Peguero dictó este miércoles apertura a juicio contra Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como contra otros 20 imputados en la red que se denominó desde un principio por el Ministerio Público como Operación Antipulpo. Asimismo, acogió los acuerdos arribados entre cuatro acusados, entre ellos el del extitular de la Oficina Supervisora del Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, quien fue condenado a cinco años de prisión, con dos años y un mes privativos de libertad y otros dos  y once meses de prisión domiciliaria.

 

 

 

 

 

 

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