SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) propuso al Gobierno implementar un plan de contingencia y modernización del sector arrocero, con presupuesto y calendario definidos, tras la derogación del Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26, al considerar que la medida genera incertidumbre entre los productores y requiere soluciones concretas para proteger la producción nacional.
El Partido de la Liberación Dominicana llamó la atención sobre lo que considera una contradicción en el manejo de la política arrocera del Gobierno del presidente Luis Abinader, al señalar que, luego de prometer protección a la producción nacional frente a las importaciones de arroz estadounidense, el mandatario decidió eliminar esa medida en medio de las reclamaciones de Estados Unidos sobre el cumplimiento del DR-CAFTA.
La organización cuestionó la transparencia de la decisión y preguntó por qué el Gobierno derogó el Decreto 693-24 sin que, según afirma, se presentara una solución concreta para el sector.
El PLD sostuvo que la situación no era inesperada, debido a que desde agosto de 2020 el presidente Abinader conocía que el período de desgravación arancelaria del arroz establecido en el DR-CAFTA concluiría el 1 de enero de 2025. Por ello, consideró que durante los años 2021-2024 la administración tenía la responsabilidad de preparar al sector arrocero para enfrentar las nuevas condiciones de competencia.
Sin embargo, a pocos días de concluir ese período, el presidente emitió el Decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024, que establecía una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libre de aranceles y un gravamen de 99 % para las importaciones que superaran esa cantidad.
La organización también cuestionó que, durante ese mismo año, el Gobierno autorizara importaciones de arroz que, según el documento, alcanzaron los 4.7 millones de quintales.
Asimismo, recordó que en septiembre de 2021 el Gobierno derogó el Decreto 569-12, emitido durante la administración del expresidente Danilo Medina, que establecía subastas públicas para otorgar permisos de importación de productos agropecuarios. A juicio del PLD, esa decisión permitió realizar importaciones sin suficientes garantías de transparencia.
En ese contexto, el partido cuestionó si la adopción del Decreto 693-24 respondió a una estrategia comercial sostenible o a una medida destinada a generar simpatías entre los productores, sin garantías de que pudiera mantenerse frente a los compromisos internacionales del país.
El PLD consideró políticamente cuestionable que el Gobierno generara expectativas de protección entre los productores y posteriormente retirara esa medida sin presentar, al mismo tiempo, una solución concreta a los problemas del sector.
La organización también señaló que, después de seis años de gestión, las autoridades no han presentado públicamente una evaluación integral sobre los avances en la reducción de los costos de producción, el mejoramiento de los rendimientos agrícolas, la modernización de los sistemas de riego, la mecanización y el fortalecimiento de la competitividad del arroz dominicano.
En contraste, el partido destacó las medidas que, según afirmó, fueron ejecutadas durante los gobiernos del PLD para mejorar la competitividad del sector, entre ellas el mejoramiento genético, la nivelación de suelos mediante tecnología GPS, el apoyo a la comercialización a través de la pignoración, la rehabilitación de caminos interparcelarios y canales de riego, el acceso al crédito y el control de las importaciones.
El documento menciona las variedades de arroz Juma 68-18 y Juma 69-20, así como la Juma 70-22, que, según indica, quedó lista durante esa gestión.
De acuerdo con el PLD, estas acciones permitieron aumentar la productividad del arroz de 4,127 kilogramos por hectárea en 2012 a 5,145 kilogramos por hectárea en 2019, un incremento de 1,018 kilogramos por hectárea.
La organización también recordó que durante el Gobierno de Danilo Medina se creó una comisión de alto nivel, integrada por los ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Industria y Comercio y Agricultura, junto con la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), para analizar la desgravación arancelaria de productos sensibles como el arroz y establecer un diálogo con Estados Unidos.
Según el documento, Medina conversó con el entonces presidente estadounidense Donald Trump y solicitó extender por diez años el período de desgravación arancelaria, con el objetivo de continuar el programa de mejora del sector arrocero dominicano. Añadió que Trump envió a un subsecretario de Agricultura estadounidense para conversar con las autoridades dominicanas de ese momento.
El PLD sostuvo que la responsabilidad del Gobierno no consiste únicamente en cumplir los compromisos internacionales, sino también en preparar oportunamente a los productores nacionales para competir bajo las condiciones establecidas.
La organización destacó que el arroz es un componente fundamental de la seguridad alimentaria dominicana y una fuente importante de empleo e ingresos rurales. Citó datos de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), según los cuales el sector reúne alrededor de 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.
Asimismo, indicó que esa organización ha solicitado un programa de transformación con metas, presupuesto y plazos verificables.
Ante esta situación, el PLD consideró que la derogación del decreto no debe significar el abandono de los productores ni dar paso a nuevas disposiciones que reproduzcan las contradicciones jurídicas de la medida anterior.
En ese sentido, pidió al presidente Abinader explicar cómo pretende proteger la capacidad productiva nacional, preservar los empleos rurales y garantizar condiciones de competencia que permitan la supervivencia y modernización del sector arrocero.
Las cinco medidas propuestas por el PLD
La organización planteó convocar una mesa nacional de negociación con representantes de los productores, industriales arroceros y autoridades competentes para evaluar las consecuencias de la derogación y acordar un programa de acción inmediata.
También propuso presentar una evaluación de la política arrocera ejecutada entre 2021 y 2026, que detalle los recursos invertidos, los avances en productividad, la evolución de los costos de producción y las medidas adoptadas para preparar al sector ante la apertura comercial.
Como tercera medida, solicitó explicar públicamente las razones que llevaron a emitir el Decreto 693-24 y posteriormente derogarlo, incluidos los informes jurídicos que sustentaron ambas decisiones, las comunicaciones con Estados Unidos y las recomendaciones del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan).
Además, propuso iniciar negociaciones formales con Estados Unidos para identificar mecanismos de cooperación, transición y apoyo a los productores compatibles con el DR-CAFTA, sin generar nuevas expectativas de protección que luego no puedan cumplirse.
Por último, planteó poner en marcha un programa extraordinario de modernización del sector arrocero, con financiamiento definido y metas verificables, que incluya rehabilitación de canales de riego, mecanización, investigación agrícola, acceso al crédito, asistencia técnica, reducción de costos y apoyo especial a pequeños y medianos productores. La propuesta contempla medidas transitorias para atender posibles pérdidas de ingresos y dificultades de comercialización derivadas de la apertura.
El PLD señaló que el Gobierno ha reiterado su respaldo a los productores. Indicó que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, declaró recientemente que las autoridades buscarán nuevas conversaciones con Estados Unidos y mantendrán su apoyo al sector, aunque no precisó las medidas que se implementarían.
La organización sostuvo que los productores necesitan decisiones, recursos, plazos y garantías institucionales, más allá de declaraciones de buena voluntad.
Finalmente, el partido insistió en que la protección de la producción nacional debe sustentarse en una política de desarrollo productivo que permita a los agricultores competir, preservar el empleo rural y garantizar la seguridad alimentaria.
A juicio del PLD, el Gobierno debe explicar qué hará para resolver la situación que, según la organización, su política ha contribuido a crear. Por ello, reiteró su exigencia de un plan de contingencia y modernización del sector arrocero que garantice la rentabilidad de la actividad y precios asequibles para los consumidores dominicanos.
