Santo Domingo.– Familias residentes en el complejo habitacional Invivienda y sectores cercanos solicitaron al presidente Luis Abinader agilizar la entrega de los títulos de propiedad definitivos de sus viviendas, tras denunciar que algunos moradores han recibido notificaciones de desalojo, pese a tener más de cuatro décadas ocupando y pagando esos inmuebles.
El presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de Invivienda, Santiago Mercedes Castillo, reconoció los avances realizados por la actual administración en la zona, pero señaló que aún permanece pendiente la regularización de cientos de apartamentos cuyos propietarios esperan sus documentos legales.
“El presidente ha hecho una gran labor: recuperó el proyecto que estaba abandonado por años, solucionó el problema del sistema cloacal, arregló la pintura y terminó los apartamentos que estaban a medio construir”, expresó Castillo.
Sin embargo, indicó que la falta de títulos mantiene en incertidumbre a numerosas familias. “Aquí hay mucha gente que ya pagó su apartamento completo y todavía no tiene su título. El trámite es tan complicado que parece que hay que hacer un posgrado para lograrlo”, manifestó.
El dirigente comunitario explicó que la solicitud abarca a residentes de los sectores Trinitario Segundo, Las Esperanzas, Respaldo Villa Carmen y otras áreas aledañas de Invivienda, quienes aseguran haber construido su vida en esas comunidades.
Castillo afirmó que la preocupación aumentó luego de que varios moradores recibieran notificaciones de desalojo firmadas por el abogado del Estado. “Estamos en una desesperación total. Ya han llegado notificaciones ordenando el desalojo de varias personas, y sabemos que el presidente puede evitar esta injusticia”, sostuvo.
Los comunitarios valoraron los esfuerzos del Gobierno a través de la Dirección General de Titulación y el Ministerio de la Vivienda para avanzar en la entrega de certificados de propiedad en distintas zonas del país, pero pidieron que se prioricen los casos pendientes de Invivienda.
Las familias solicitaron al mandatario disponer la agilización de los expedientes en proceso, con el propósito de garantizar la seguridad jurídica de los hogares que, según expresan, han sido pagados y habitados durante décadas.
