Santo Domingo. – La periodista Dahia Sena lanzó un cuestionamiento directo y sin rodeos: ¿está el Partido Revolucionario Moderno (PRM) encubriendo al dirigente Francisco Pacheco, alias “Chanchy”?
La comunicadora hizo referencia a la presunta agresión física que habría sufrido la joven Daritza Zapata, hija del exdiputado de Dajabón, Darío Zapata, quien, según las denuncias públicas, habría recibido una fuerte golpiza por parte de su pareja sentimental y padre de sus hijas, Francisco “Chanchy” Pacheco, hecho por el cual fue apresado y enviado a la cárcel.
Chanchy Pacheco no es un militante cualquiera. Se trata de un alto dirigente de ese partido, secretario general del PRM en la provincia Dajabón, aspirante en su momento a la Alcaldía del municipio cabecera y actual funcionario de la Dirección General de Aduanas. La joven agredida es actualmente diputada del PRM; anteriormente ocupaba funciones en el Estado, laborando en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Precisamente esa condición de ambos como servidores públicos es lo que ha generado mayor suspicacia. Según ha denunciado Dahia Sena, el caso se ha manejado con un bajo perfil que contrasta con la gravedad de los hechos, lo que levanta interrogantes sobre si se estaría intentando evitar un nuevo escándalo político que afecte la imagen del Gobierno.
“¿Hasta cuándo será esto? ¿Qué esperan? ¿Que pase una desgracia?”, cuestionó la periodista, al advertir que la violencia de género no puede ser relativizada ni tratada con cálculos partidarios.
La situación ha reabierto el debate nacional sobre la responsabilidad política y ética de las organizaciones cuando uno de sus dirigentes es señalado por hechos de violencia. En una sociedad donde las cifras de agresiones contra la mujer siguen siendo alarmantes, cualquier señal de tolerancia o silencio institucional puede interpretarse como complicidad.
Desde distintos sectores se reclama una posición clara, firme y transparente de las autoridades partidarias y gubernamentales, así como el debido proceso judicial, sin privilegios ni protecciones políticas.
Porque cuando se trata de violencia, no hay cargos, colores ni apellidos que valgan. La ley debe ser igual para todos.
Y el silencio, en estos casos, también habla.
