
SANTO DOMINGO. – El Senado de la República aprobó este martes en primera lectura el proyecto de reforma al Código Laboral, una propuesta que introduce cambios significativos en materia de derechos y obligaciones tanto para empleadores como para trabajadores.
Entre las principales novedades destaca la extensión del cobro obligatorio del 10% de propina a los servicios de delivery, que hasta ahora solo aplicaba al consumo dentro de hoteles, restaurantes, cafés, bares y otros negocios clasificados por el Ministerio de Turismo.
De acuerdo con el artículo 228 del nuevo texto, la propina deberá ser distribuida entre los empleados de estos establecimientos que tengan contacto directo con el cliente, excluyendo a quienes pertenezcan a áreas administrativas. El porcentaje de distribución se definirá tomando en cuenta factores como el nivel de calificación del trabajador, el área de servicio y el grado de participación en la atención al consumidor. La normativa también establece que empleador y empleados podrán acordar ajustes en la forma de repartir este beneficio.
Este cambio representa una modificación respecto al Código vigente, ya que la obligatoriedad del 10% estaba limitada únicamente al consumo en los locales físicos. Cabe resaltar que esta disposición no estaba contemplada en la propuesta original enviada por el Poder Ejecutivo en 2024, sino que fue añadida durante la discusión legislativa.
Otro de los puntos relevantes aprobados es la implementación de pruebas de dopaje obligatorias para trabajadores de sectores considerados de alto riesgo, como transporte público, seguridad privada, operadores de maquinaria pesada y aquellos que trabajen directamente con niños, enfermos o poblaciones vulnerables.
El proyecto pasará ahora a una segunda lectura en el Senado antes de ser remitido a la Cámara de Diputados, donde seguirá el mismo proceso de debate y aprobación. En caso de recibir el visto bueno del Congreso Nacional, será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual observación.
De ser aprobado sin objeciones, el nuevo marco legal modernizaría la Ley 16-92, vigente desde hace más de tres décadas, incorporando disposiciones que buscan adaptar la legislación laboral a las nuevas realidades del mercado de trabajo en República Dominicana.


