SANTO DOMINGO. – El escándalo por las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) sigue creciendo, luego de que el presidente Luis Abinader instruyera el envío de un informe con las evidencias al Ministerio Público. Diputados de la oposición saludaron la medida, aunque consideran que llega con retraso, y advirtieron que los responsables deben rendir cuentas ante la justicia.
El informe detalla un supuesto entramado de corrupción que habría implicado el desvío de más de RD$41 millones de pesos en transferencias irregulares, lo que pone en entredicho la integridad de una de las instituciones clave del sistema de salud pública.
Los congresistas opositores no ocultaron su indignación y lanzaron una advertencia directa a los posibles implicados: “Que duerman con ropa”, aludiendo a la posibilidad de arrestos por parte de la procuradora Yeni Berenice Reynoso, quien ya tiene en sus manos el expediente.
“Esperamos que esta vez el Ministerio Público actúe con firmeza. No se puede jugar con la salud del pueblo”, expresó uno de los legisladores, al señalar que el presunto fraude no solo representa un abuso de los recursos públicos, sino una amenaza directa al acceso a la salud de miles de dominicanos.
Desde la bancada oficialista, se insistió en que la acción del presidente demuestra un compromiso real con la transparencia y la institucionalidad. La decisión fue anunciada el pasado sábado, cuando Abinader instruyó tanto a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) como al SeNaSa a remitir la documentación al Ministerio Público.
A raíz de esta denuncia, se han activado varias instancias de control: la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Antifraude y la SISALRIL han iniciado procesos de auditoría interna, mientras el director de Persecución, Wilson Camacho, informó que las investigaciones avanzan de forma reservada.
La expectativa ahora recae sobre el Ministerio Público y la procuradora Yeni Berenice Reynoso, quien ha liderado casos de alto perfil en el pasado. Los legisladores coincidieron en que este nuevo caso pone a prueba el compromiso del gobierno y las instituciones judiciales con la lucha contra la corrupción en el corazón del sistema de salud público.
