SANTO DOMINGO.- La Fuerza del Pueblo (FP), aseguró que la política de seguridad del Gobierno ha fracasado, al considerar que las medidas aplicadas no han logrado responder de manera efectiva al problema de la delincuencia en el país. El partido opositor afirmó que, tras seis años de gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), las autoridades no han cumplido su promesa de reducir los homicidios y ahora recurren al discurso de “mano dura” frente a la inseguridad.
La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo (FP), Josefina Reynoso, sostuvo que el Gobierno no ha sido capaz de desarrollar planes de prevención efectivos para combatir la delincuencia y criticó que, durante su gestión, se hayan anunciado más de siete planes de seguridad ciudadana sin alcanzar los resultados esperados. Señaló que el temor a los asaltos afecta la vida cotidiana de comerciantes, trabajadores y familias dominicanas, por lo que consideró necesario adoptar medidas que vayan más allá de las estadísticas oficiales.
La dirigente de la FP también exigió al Gobierno transparentar los recursos invertidos en seguridad ciudadana y rendir cuentas sobre los resultados de los planes ejecutados, los cambios en la dirección policial y las asesorías contratadas. Afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer las cifras reales de violencia para que las autoridades puedan diseñar políticas públicas acordes con la situación que enfrenta el país.
En relación con las estadísticas de criminalidad, Reynoso indicó que los registros de su organización contabilizan alrededor de 1,185 homicidios en lo que va de 2026, incluidos 236 fallecimientos atribuidos a intervenciones policiales, cifras que, según explicó, difieren de los indicadores presentados por el Ministerio de Interior y Policía. La dirigente cuestionó la metodología utilizada para calcular la tasa de homicidios y pidió que los datos se manejen con transparencia, aunque las cifras citadas corresponden a los levantamientos presentados por la FP y no fueron verificadas de manera independiente.
Reynoso también cuestionó el aumento de las muertes reportadas en supuestos intercambios de disparos y rechazó que la política de seguridad se apoye en actuaciones que puedan vulnerar los derechos fundamentales. “En nuestro país no existe la pena de muerte”, enfatizó, al recordar que la Constitución dominicana protege el derecho a la vida y que ninguna institución puede atribuirse la facultad de condenar a muerte a un ciudadano.
La secretaria de Seguridad Ciudadana de la FP aclaró que su organización reconoce el derecho de los agentes policiales a proteger sus vidas y las de los ciudadanos ante amenazas reales, pero sostuvo que el uso de la fuerza letal debe respetar la ley, la proporcionalidad y el debido proceso. En ese sentido, advirtió que las acciones identificadas popularmente como “poner en 29” a los delincuentes no pueden justificar ejecuciones extrajudiciales y reclamó investigaciones que permitan establecer responsabilidades en cada caso.