SANTO DOMINGO. – La República Dominicana proyecta aumentar los recursos en inversión pública en 2027, con un pliego de obras, entre ellas la Autopista del Ámbar, el monorriel de Santo Domingo, las líneas 1B y 2 del Metro, entre otras.
El proyecto de Presupuesto General del Estado contempla RD$257,763.8 millones para gastos de capital, un incremento de 19.7 % frente al presupuesto inicial de 2026.
Además, el Gobierno identifica 1,306 proyectos de inversión pública con código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que reúnen RD$111,609.2 millones. La propuesta presupuestaria oficial permite examinar la dimensión de los compromisos.
Sin embargo, esas cifras representan previsiones presupuestarias, no pruebas de ejecución física ni garantías de terminación. El calendario y los avances de cada proyecto determinarán sus resultados.
TRANSPORTE CONCENTRA COMPROMISOS IMPORTANTES
Entre las iniciativas figura la Autopista del Ámbar, concebida para conectar Santiago de los Caballeros con Villa Montellano, en Puerto Plata.
La información suministrada estima su inversión en RD$32,000 millones y contempla cuatro carriles, túneles y una velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora.
El proyecto prevé reducir aproximadamente una hora el recorrido entre Santiago y Puerto Plata. También proyecta un tránsito superior a 3.5 millones de vehículos anuales.
No obstante, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas registra antecedentes de un proceso declarado desierto en mayo de 2024. Por tanto, resulta indispensable comprobar el procedimiento vigente, la contratación y el calendario actualizado.
En Santo Domingo, el monorriel constituye otro compromiso de gran dimensión. Su primera etapa contempla 10.5 kilómetros y 12 estaciones entre Santo Domingo Este y el Centro Olímpico.
La información del proyecto estima una inversión total de US$900 millones y proyecta conexiones con las líneas 1 y 2 del Metro.
Asimismo, prevé atender una demanda inicial de 12,500 pasajeros por hora y por sentido en el tramo de mayor carga, con capacidad para futuras ampliaciones.
La pregunta fundamental consiste en determinar cuánto dinero recibirá anualmente, qué contratos están vigentes y qué porcentaje de construcción alcanzará durante 2027.
AGUA, SANEAMIENTO Y VIVIENDA TAMBIÉN EXIGEN RESULTADOS
La cartera de inversiones incluye alcantarillados en San Cristóbal, Bávaro-Punta Cana-Macao, La Romana y Villa Hermosa, además del saneamiento de Boca Chica.
Estas obras pueden mejorar las condiciones sanitarias y reducir la contaminación, especialmente en municipios turísticos y comunidades costeras.
Sin embargo, su impacto dependerá de la cobertura efectiva, la capacidad de tratamiento, la conexión de los hogares y el mantenimiento posterior.
En vivienda, el Gobierno contempla mejorar 100,000 unidades habitacionales y construir 2,240 viviendas en Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste.
El seguimiento debe identificar cuántas viviendas cuentan con financiamiento, contratos, beneficiarios definidos y avances físicos comprobables.
También figuran ampliaciones de acueductos para Santo Domingo Norte y Bávaro-Punta Cana-Macao. Su evaluación debe considerar el suministro efectivo, la continuidad del servicio y la población beneficiada.
ESCUELAS Y UNIVERSIDADES COMPLETAN LA AGENDA
La programación incluye 78 planteles escolares en la provincia Santo Domingo, otros 46 en Santiago y un centro universitario regional de la UASD en Santo Domingo Este.
Estas inversiones pueden ampliar el acceso educativo, pero el anuncio de construcción no demuestra que las aulas estarán disponibles para los estudiantes durante el período previsto.
Por ello, conviene verificar los terrenos, las licitaciones, los contratos, los desembolsos y las fechas de entrega de cada centro.
EL PRESUPUESTO NECESITA UN TABLERO PÚBLICO DE RESULTADOS
El proyecto presupuestario de 2027 también contempla recursos para transporte, infraestructura vial, agua, saneamiento, educación y otros servicios. La Dirección General de Presupuesto publica documentos para consultar sus asignaciones.
Además, la información oficial identifica RD$111,609.2 millones para los 1,306 proyectos registrados en el SNIP. Esa cifra permite construir una línea de seguimiento, siempre que se contraste con los registros de ejecución.
El principal riesgo consiste en confundir recursos programados con resultados terminados. Las demoras contractuales, los cambios de costos, las dificultades de financiamiento y los retrasos constructivos pueden afectar los plazos.
Por eso, explican los expertos, las instituciones responsables deberían publicar periódicamente el presupuesto vigente, los pagos realizados, el avance físico, las modificaciones contractuales y la fecha estimada de terminación.
Con esos datos, periodistas, universidades, empresas y ciudadanos podrían identificar atrasos, comparar proyectos y exigir explicaciones sustentadas.
La evaluación final no debe limitarse a cuánto dinero asignó el Estado. Debe establecer qué obras entregó, cuánto costaron, quiénes recibieron sus beneficios y cuáles compromisos siguen pendientes.
Agregan que, antes de agosto de 2028, esa comparación permitirá medir la distancia entre las inversiones anunciadas y los resultados que realmente llegaron a la población.